Vigencia del Acto legislativo 01 de 2.005
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Señalo la Corte Suprema de Justicia , referente al acto Legislativo 01 de 2005:


¨Son varios los  pasajes  del  Acto  Legislativo que evidencian su firme propósito de respetar los derechos adquiridos en materia pensional. En efecto, se lee: “El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley”. “En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”. “Sin perjuicio de los derechos adquiridos,…”.

 

Toda una profesión de fe en la seguridad jurídica y, en tránsito por esa vía, en la dignidad humana, como valor fundante del Estado Social de Derecho.

 

Sobre esa base axiológica de respeto por los derechos adquiridos en materia pensional, el constituyente, en el Acto Legislativo 01 de 2005, -quizá acuciado por la necesidad de potenciar los principios de universalidad y de solidaridad, informadores del Sistema de Seguridad Social Integral creado por la Ley 100 de 1993, que habían entrado en crisis, en tanto que por el mecanismo de la negociación colectiva, se crearon sistemas pensionales, que originaron odiosas discriminaciones e inequidades- contempló esta prohibición categórica:

 

“A partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones.”

 

De tal suerte que, a partir del 25 de julio de 2005 fecha en que cobró vigencia el Acto Legislativo 01, no es posible consagrar condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones, por el camino de los pactos o convenciones colectivos de trabajo, de los laudos de árbitros o, en general, por cualquier acto jurídico.

 

En adelante, sólo el legislador -y dado el caso, el propio constituyente- están legitimados para regular las condiciones pensionales. Sólo a ellos está reservada la potestad de gobernar el tema de las pensiones.

 

Pero es claro que quedan a salvo, conforme se dejó expresado, los derechos adquiridos al amparo de actos jurídicos con aliento antes de esa fecha, los que merecerán acatamiento y respeto y, en manera alguna, pueden ser desconocidos o vulnerados.

 

Consciente el constituyente de la existencia, al momento de comenzar a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, de convenciones colectivas, pactos colectivos, laudos arbitrales o acuerdos válidamente celebrados, dispuso de una especie de régimen de transición, en los siguientes términos:

 

“Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.”

 

Del texto citado se desprende que las que perderán vigor el 31 de julio de 2010 serán las “reglas de carácter pensional que  rigen a la vigencia de este acto legislativo” , pero, como es obvio concluir, no los derechos que se hubieren causado antes de esa fecha, al amparo de esas reglas pensionales.

 

No encuentra la Corte que el propósito del constituyente al reformar el artículo 48 de la Carta Política fuese el de eliminar los derechos pensionales de naturaleza extralegal adquiridos antes del 31 de julio de 2010, pues en la exposición de motivos siempre se hizo referencia a los regímenes pensionales y en el texto presentado a consideración del Congreso, que se mantuvo en la norma finalmente aprobada, se habló de las reglas especiales en materia pensional. Un derecho no puede ser confundido con un régimen o con una regla. Y ese entendimiento resulta acorde con el propósito del constituyente de garantizar los derechos adquiridos, pues una cosa es la vigencia de un acto  jurídico creador de un derecho, para este caso una regla, y otra, diferente, la vigencia de ese derecho  una vez que ha sido adquirido por cumplir el destinatario de la norma con los requisitos establecidos en dicho acto.

 

Desde luego, la existencia del derecho y su exigibilidad no dependen del aliento jurídico de la norma que lo creó, pues lo que interesa es que se haya causado o consolidado, esto es, entrado al patrimonio del titular, mientras esa norma rigió. Así secularmente se ha entendido la tradicional doctrina de los derechos adquiridos y obviamente ello no podía ser cambiado El por el Acto Legislativo No. 1 de 2005.¨


 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

 

 

 

Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO

 

MENDOZA

 

Radicación No. 29907

Acta No. 14

Bogotá, D. C., tres (3) de Abril de dos mil ocho (2.008).

 

 

 

Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación que interpuso la ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A. ESP “ELECTROCOSTA S.A. ESP” contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral, de fecha 29 de marzo de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral promovido en su contra por ESCOLÁSTICO ROMERO REY.

 

 

I.              ANTECEDENTES

 

Escolástico Romero Rey demandó a Electrocosta para obtener la devolución de los descuentos efectuados de su pensión de jubilación convencional, equivalentes a la mesada de la pensión de vejez que le reconoció el Instituto de Seguros Sociales desde diciembre de 2002, con los intereses de mora.

 

En apoyo de esas súplicas, afirmó que laboró para la Electrificadora de Bolívar de 27 de octubre de 1978 a 15 de agosto de 1998, y con Electrocosta hasta el 16 de noviembre de 1998; que la empleadora le reconoció una pensión de jubilación a partir de 16 de noviembre de 1998, en virtud del artículo 5 de la convención colectiva de trabajo 1976-1977 y el 20 de la convención de 1982-1983, prestación que estaría vigente hasta que el Instituto de Seguros Sociales le reconociera la de vejez; que la empleadora elaboró un acta para legalizar la compartibilidad de la pensión de jubilación con la de vejez y a partir de diciembre de 2002 empezó a compartir las dos prestaciones.

 

 

Electrocosta se opuso a las pretensiones, admitió los hechos 1 y 2, el 3 parcialmente y de los demás adujo que no los afirma ni los niega  o porque no son hechos. Invocó en su defensa las excepciones de falta de legitimación por pasiva, carencia de causa para pedir y prescripción.

 

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, en sentencia de 10 de junio de 2005, declaró no probadas las excepciones, condenó a pagar la pensión completa, la diferencia por la compartibilidad y la indexación de la deuda.

 

 

II.            LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

 

De la decisión apeló la entidad demandada y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, la confirmó.

 

El ad quem citó el acta que milita a folio 21 del informativo, mediante la cual le fue reconocida la pensión de jubilación al demandante, en aplicación de la convención colectiva de trabajo vigente entre los años 1976-1977, de la que transcribió un breve fragmento y aseveró que allí se señala “que a partir de que el ISS de (sic) reconozca pensión de jubilación al señor ROMERO REY, la empresa solo pagaría la diferencia resultante entre la reconocida por el ISS y la reconocida por la empresa.”

 

Relacionó y examinó el contenido de los documentos de folios 22, 24, 193 a 198, 242 a 248 y 377 y arguyó que no se discuten el contrato de trabajo ni los extremos (folio 407), ni que el demandante fue beneficiario de la convención colectiva de trabajo 1976-1978.

 

Refirió, respecto de la naturaleza jurídica de la pensión reconocida por la demandada al demandante, que el acta de reconocimiento de la prestación (folio 21) señala que lo fue en aplicación del artículo 5 de la convención colectiva 1976-77, que se halla a folios 236 a 240 del primer cuaderno, y explicó que son varias las razones de las que colige el carácter convencional de la pensión otorgada, y no el legal que esboza la empleadora, en razón de que en el texto del acta y en el de la convención, se infiere “que fue (sic) un acuerdo entre las partes pactar la pensión de jubilación establecida convencionalmente de manera diferente e independiente de la reconocida por la ley.”

 

 

Enfatizó que “Lo anterior lo corrobora el hecho que para la fecha de vinculación laboral del actor a la Electrificadora de Bolívar, el 27 de octubre de 1978, ya se había producido la entrada en vigencia de los reglamentos del I.S.S. en la ciudad de Cartagena (marzo 3/69), en ese estado de cosas era imposible que el actor acumulara 10 años antes de esa fecha, como lo estableció el decreto 3041 de 1966 en sus preceptos 60 y 61, para que el actor fuese beneficiario de un régimen legal diferente al reglamentado por el I.S.S.”

 

Y concluyó que “Solo si el actor hubiera sumado al 3 de marzo de 1969, 10 años de servicios continuos en la empresa demandada se podría entender que el empleador le reconociera una pensión de jubilación de origen legal que luego fuera sustituida por el ISS, correspondiéndole al empleador el pago del mayor valor respecto de la pensión de vejez. Pero ello no fue el caso, porque la demandada a sabiendas que el actor no le cobijaba ningún régimen de transición, procedió a reconocer la pensión convencional como efectivamente lo hizo a partir deL (sic) 16 de noviembre de 1998 (fl. 21), ya que para esta fecha habiendo cotizado al ISS a favor del actor por mas (sic) de 20 años, aun (sic) no llenaba los requisitos exigidos en los reglamentos del ISS para la pensión legal de vejez.”

 

De otra parte, el ad quem, respecto de la relación entre la pensión reconocida por la demandada al demandante y la otorgada a éste por el Instituto de Seguros Sociales, reprodujo el texto de una sentencia suya, de 27 de enero de 2004, dentro de un proceso en el que Electrocosta actuó como demandada, y añadió que esa providencia fue confirmada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 19 de julio de 2005, cuya radicación se abstuvo de citar; adujo que en igual sentido se pronunció en otra de 30 de junio de 2005, que tampoco identificó con número de radicación, y remató su exposición de motivos declarando que la pensión que la demandada le reconoció al actor, a partir de 16 de noviembre de 1998, es de estirpe convencional según las voces de la cláusula 5 de la convención colectiva como así se señala en el acta de reconocimiento (folio 21), prestación que estimó independiente y compatible con la de vejez que le otorgó el Instituto de Seguros Sociales.

 

III.           EL RECURSO DE CASACIÓN

 

Lo interpuso la demandada y con él pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y la absuelva.

 

Con esa finalidad propuso un cargo que no fue replicado.

 

CARGO ÚNICO:

 

Acusa la sentencia del Tribunal por la vía directa, por aplicación indebida de los artículos 467 del Código Sustantivo del Trabajo, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 5 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, 12 y 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 y 36 de la Ley 100 de 1993, como consecuencia de la infracción directa del artículo 48 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005.

 

Para su demostración no discute el entendimiento que hizo el Tribunal respecto de la cláusula 20 de la convención colectiva de trabajo, aunque afirma no compartirlo.

 

Critica al juzgador porque el Acto Legislativo No. 1 de 2005 no le mereció incidencia alguna en la resolución del conflicto, y de otros sobre la legitimidad y tratamiento de las pensiones extralegales, pese a que esa materia fue uno de los aspectos más claramente previstos en esa reforma constitucional.

 

Asevera que no aludió a esa circunstancia en su apelación de 17 de junio de 2005, porque fue anterior a la reforma pero la sentencia se profirió en su vigencia, por lo que resultaba forzoso que el fallador incluyera las motivaciones que tuviera al respecto tomando en cuenta que se había modificado a nivel de la Carta Magna el marco jurídico y social del sistema de seguridad social y en particular el de pensiones que, por ser reforma constitucional, salvo las excepciones previstas, es de ejecución inmediata porque cambia el esquema filosófico o conceptual dentro del que se debe proceder a la aplicación de las leyes, lo que es de obligatorio e inmediato cumplimiento para los jueces.

 

Transcribe el parágrafo 2 del artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2005 y dice que ese texto representa una prohibición absoluta, hacia el futuro, de las pensiones extralegales, como la del demandante, lo que supone la necesidad de considerar el efecto que sobre ella pudiera tener la reforma constitucional.

 

Reproduce algunos párrafos de la exposición de motivos del referido acto legislativo (proyecto 127 de 2004 - Cámara) y añade que son muchas más las consideraciones allí incluidas sobre el tema, por lo que es superfluo reseñarlas, argumentos que en gran medida son ya conocidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte, por haber sido ventilados en otros cargos de casación, sólo que en el presente proceso, por primera vez, se está frente a una sentencia de segunda instancia proferida con posterioridad a la expedición de ese acto legislativo, y resulta indispensable saber si tiene o no efectos sobre el sistema pensional y en concreto con las pensiones extralegales.

 

Copia el parágrafo transitorio 3 del artículo 1 del aludido acto legislativo e insiste que no está en discusión la pensión reconocida fundamentada en la convención 1976-1977, de hace 30 años, lo que significa que al momento de la expedición del acto legislativo mencionado no corría “el término inicialmente estipulado”, por lo que para tales convenciones la finalización de su efecto jurídico respecto de las condiciones pensionales especiales, fue automático.

 

Enfatiza que la Constitución prima sobre la ley y prevalece sobre los convenios particulares, así se trate de pactos o convenciones colectivas de trabajo, lo que supone que con el efecto del acto legislativo desapareció el beneficio convencional discutido, por lo menos frente a la posibilidad de su individualidad que permite el paralelismo con la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales.

 

Arguye que la dualidad de pensiones de los regímenes especiales y los exceptuados fue lo que se eliminó con la nueva expresión constitucional, por su efecto nocivo en el desarrollo del país, por lo que un pronunciamiento judicial que prohíje esa dualidad pensional resulta abiertamente contrario al mandato constitucional y supone una aplicación indebida de los preceptos legales que pretenden desarrollarlo, así ellas se hayan dictado con anterioridad, y se deben acoplar a la nueva filosofía constitucional o inaplicarlos por efecto de la excepción de inconstitucionalidad.

 

Advierte que la vigencia prevista hasta julio de 2010 se refiere al caso hipotético de una convención o pacto celebrado antes de la expedición del acto legislativo, que hubiera estipulado un término de vigencia que condujera a una fecha posterior al 31 de julio de 2010, que no es el caso presente.

 

Expone que ello explica suficientemente las razones por las que solicita identificar el efecto de la expedición del acto legislativo en las pensiones extralegales, porque se considera que es una orientación que puede permitir un control al desangre económico producido por los excesos en los costos de algunas pensiones que, como en el caso presente, han perdido su sentido tutelar sobre situaciones en que se ha concretado un determinado riesgo, pues son adicionales a la pensión prevista en el sistema de seguridad social, como la adecuada para cubrir esa contingencia y la comprensión y aplicación de las disposiciones que permitían la compatibilidad de pensiones, como consecuencia de un accidente normativo y no de una clara intencionalidad del legislador, que deben ser reconsideradas por el costo que ellas involucran como un claro desestímulo a la productividad, a la inversión y a la posibilidad de ampliación de la capacidad de empleo, dado que el beneficio de un individuo que recibe dos pensiones no puede prohijarse en perjuicio de los muchos que no tienen empleo y, por ello, ningún ingreso.

 

Y concluye aduciendo que esto último, atinente al control y exclusión del efecto nocivo de las pensiones extralegales, es lo que quiso entronizar la reforma constitucional, como se deriva de la lectura de su exposición de motivos, que no es argumento directo suyo sino que lo toma de la expresión del constituyente.

 

 

IV.          CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

El Tribunal se apoyó en los preceptos legales que regulan el tema de la compartibilidad de las pensiones, la convención colectiva de trabajo y la fecha de reconocimiento de la pensión vitalicia de jubilación por parte de la empleadora al demandante, inferencias que llevaron a ese juzgador a concluir que es compatible con la de vejez que le concedió el Instituto de Seguros Sociales.

 

Al respecto, la censura se duele de que el Tribunal no hubiera aplicado al caso estudiado el parágrafo transitorio 3 del artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2005, con lo que persigue que se determine por la vía del puro derecho que la pensión que reconoció al actor no podía ser compatible con la de vejez que le reconoció el Instituto de Seguros Sociales, por estimar que los efectos de esa reforma constitucional, respecto de las condiciones pensionales especiales, así lo impiden.

 

Al haberse encauzado el ataque por la vía directa permanecen incólumes los supuestos fácticos de la sentencia recurrida, lo que permite solamente la disquisición jurídica del punto en discusión y, por tanto, no es materia de controversia que al trabajador la empleadora le reconoció una pensión de jubilación de estirpe convencional a partir de 16 de noviembre de 1998; que debido a que la entidad demandada afilió a su trabajador al Instituto de Seguros Sociales, éste le otorgó una pensión de vejez desde el 1 de julio de 2002; que Electrocosta optó por deducir de la pensión de jubilación el valor de la pensión de vejez, con efectividad al 1 de diciembre de 2002; y que la pensión concedida al demandante aparece consagrada en la cláusula 5 de la convención colectiva de trabajo 1976-1977, aclarada en la cláusula 20 de la convención colectiva 1982-1983 en el sentido de no tener en cuenta la pensión de vejez del ISS.

 

El cargo somete a la consideración de la Corte este problema jurídico: ¿en fuerza de los mandatos del Acto Legislativo 01 de 2005, los derechos, los beneficios, las prerrogativas o las condiciones, de estirpe  pensional, legítimamente adquiridos al amparo de convenciones colectivas, se extinguen definitivamente al perder éstas su vigencia? Su solución demanda un examen ponderado, reflexivo y sensato de ese acto reformatorio de la Carta.

 

Se advierte de la lectura del Acto Legislativo lo extraño que resulta que la Constitución Política se ocupe, con tanta concreción, especificidad, minuciosidad y detalle, de aspectos tan puntuales en materia pensional, que, en verdad, se corresponden con la tarea natural  y propia del legislador.

 

Esa posición adoptada por el constituyente delegado comporta la dificultad de introducirle las reformas y modificaciones que dicte la realidad social, siempre cambiante, siempre variable y siempre dinámica, por las estrictas exigencias constitucionales que han de cumplirse en perspectiva de reformar las preceptivas de la Carta Política.

 

Una norma de tanta trascendencia jurídica y social, desafortunadamente, no exhibe la claridad deseable, en el horizonte de la inteligencia fácil de su texto, de la comprensión acorde con su finalidad, lo que, de contragolpe, evitaría interpretaciones dispares, que flaco servicio prestan a la seguridad jurídica del país. Faltó, en realidad, la adecuada precisión, el tratamiento coherente y armónico y el rigor del lenguaje.

 

Empero, ello no impide considerar que del texto del aludido acto reformatorio de la Constitución no se infiere, como lo pretende la censura, que automáticamente dejaron de tener vigencia y efectos jurídicos los acuerdos sociales pactados entre empleadores y sindicatos en materia de pensiones, y mucho menos, los derechos adquiridos por los trabajadores con anterioridad a la entrada en vigor de esa reforma constitucional. Y en este asunto debe tenerse en cuenta que la pensión extralegal que se le reconoció al demandante fue consagrada en una convención colectiva de trabajo que se suscribió en el año 1982  y que ese derecho prestacional ya había ingresado al patrimonio de su titular desde el 16 de noviembre de 1998, cuando se le otorgó la prestación, es decir, muchos años antes del 25 de julio de 2005, fecha de la publicación inicial del Acto Legislativo en el Diario Oficial No. 45980.

 

Lo que si queda claro es el celo del constituyente por salvaguardar los derechos adquiridos, esto es, aquellos que han entrado en el patrimonio de las personas y que no les pueden ser arrebatados o quebrantados por quien los creó o reconoció legítimamente.

 

Y ello tenía que ser así, en cuanto traduce el respeto a la propia carga de principios y valores reflejados en la Carta; concretamente, el Acto Legislativo puso a buen recaudo el valor seguridad jurídica que permea el artículo 58, en cuanto garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, “los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

 

Son varios los  pasajes  del  Acto  Legislativo que evidencian su firme propósito de respetar los derechos adquiridos en materia pensional. En efecto, se lee: “El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley”. “En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”. “Sin perjuicio de los derechos adquiridos,…”.

 

Toda una profesión de fe en la seguridad jurídica y, en tránsito por esa vía, en la dignidad humana, como valor fundante del Estado Social de Derecho.

 

Sobre esa base axiológica de respeto por los derechos adquiridos en materia pensional, el constituyente, en el Acto Legislativo 01 de 2005, -quizá acuciado por la necesidad de potenciar los principios de universalidad y de solidaridad, informadores del Sistema de Seguridad Social Integral creado por la Ley 100 de 1993, que habían entrado en crisis, en tanto que por el mecanismo de la negociación colectiva, se crearon sistemas pensionales, que originaron odiosas discriminaciones e inequidades- contempló esta prohibición categórica:

 

“A partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones.”

 

De tal suerte que, a partir del 25 de julio de 2005 fecha en que cobró vigencia el Acto Legislativo 01, no es posible consagrar condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones, por el camino de los pactos o convenciones colectivos de trabajo, de los laudos de árbitros o, en general, por cualquier acto jurídico.

 

En adelante, sólo el legislador -y dado el caso, el propio constituyente- están legitimados para regular las condiciones pensionales. Sólo a ellos está reservada la potestad de gobernar el tema de las pensiones.

 

Pero es claro que quedan a salvo, conforme se dejó expresado, los derechos adquiridos al amparo de actos jurídicos con aliento antes de esa fecha, los que merecerán acatamiento y respeto y, en manera alguna, pueden ser desconocidos o vulnerados.

 

Consciente el constituyente de la existencia, al momento de comenzar a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, de convenciones colectivas, pactos colectivos, laudos arbitrales o acuerdos válidamente celebrados, dispuso de una especie de régimen de transición, en los siguientes términos:

 

“Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.”

 

Del texto citado se desprende que las que perderán vigor el 31 de julio de 2010 serán las “reglas de carácter pensional que  rigen a la vigencia de este acto legislativo” , pero, como es obvio concluir, no los derechos que se hubieren causado antes de esa fecha, al amparo de esas reglas pensionales.

 

No encuentra la Corte que el propósito del constituyente al reformar el artículo 48 de la Carta Política fuese el de eliminar los derechos pensionales de naturaleza extralegal adquiridos antes del 31 de julio de 2010, pues en la exposición de motivos siempre se hizo referencia a los regímenes pensionales y en el texto presentado a consideración del Congreso, que se mantuvo en la norma finalmente aprobada, se habló de las reglas especiales en materia pensional. Un derecho no puede ser confundido con un régimen o con una regla. Y ese entendimiento resulta acorde con el propósito del constituyente de garantizar los derechos adquiridos, pues una cosa es la vigencia de un acto  jurídico creador de un derecho, para este caso una regla, y otra, diferente, la vigencia de ese derecho  una vez que ha sido adquirido por cumplir el destinatario de la norma con los requisitos establecidos en dicho acto.

 

Desde luego, la existencia del derecho y su exigibilidad no dependen del aliento jurídico de la norma que lo creó, pues lo que interesa es que se haya causado o consolidado, esto es, entrado al patrimonio del titular, mientras esa norma rigió. Así secularmente se ha entendido la tradicional doctrina de los derechos adquiridos y obviamente ello no podía ser cambiado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005.

 

Aceptar la interpretación efectuada por la censura equivaldría a admitir que el constituyente señaló una vigencia temporal a derechos legítimamente adquiridos, lo que, sin duda, supondría una suerte de expropiación de esos derechos que no se corresponde con el real propósito de la reforma del artículo 48 de la Constitución.

 

Una vez más, la Corte precisa que los derechos adquiridos al abrigo de acuerdos jurídicos vigentes cuando entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, permanecen indemnes y, por tanto, no pueden ser negados o transgredidos.

 

Entonces, la pérdida de vigencia de las reglas de carácter pensional contenidas en convenciones colectivas de trabajo, en pactos colectivos de trabajo, en laudos arbitrales y en acuerdos válidamente celebrados, no comporta la pérdida de los derechos válidamente adquiridos mientras esas reglas estuvieron en vigor.

 

Dicho de otra manera: los derechos adquiridos legítimamente continúan en cabeza de sus titulares, siguen formando parte de su patrimonio, así los actos jurídicos, a cuyo abrigo nacieron, hubiesen desaparecido del mundo jurídico.

 

En conclusión, aquí se trata de un pensionado que adquirió el derecho antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 1 de 2005, cuyo parágrafo transitorio 2 lo protegió, como también lo hace el artículo 58 de la Constitución Política, lo que no puede ser de otra manera ni afectar situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores, circunstancias todas éstas que conducen a la improsperidad del cargo planteado por la recurrente.

 

Sin costas en casación porque no hubo oposición.

 

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral, de fecha 29 de marzo de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió ESCOLÁSTICO ROMERO REY contra la ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A. ESP “ELECTROCOSTA S.A. ESP”.

 

Sin costas en casación.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

 

 

GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

 

 

 

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN                      EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS

 

 

LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ                                     FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ

 

 

CAMILO TARQUINO GALLEGO                       ISAURA VARGAS DÍAZ

 

 

 

MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA

Secretaria